PROCESARON A UN MATRIMONIO QUE EMPUJO A SU
HIJA A PROSTITUIRSE A LOS 13 AÑOS
La edad de la inocencia

El padre de Paula –suboficial de la Policía Federal– le ordenó ir a trabajar a una casa donde la violaron y la obligaron a prostituirse. Ahora lo procesaron, en una causa donde ella misma es querellante. Pero el fallo habla de "abandono de persona" y no "facilitación de la prostitución".

Por Andrea Ferrari

En un hecho sin antecedentes en el país, la Justicia acaba de procesar a un matrimonio que empujó a su hija menor de edad a prostituirse. La protagonista del caso es Paula, cuya historia fue relatada el año pasado por este diario: cuando tenía 13 años, su padre –un suboficial de la Policía Federal– le ordenó ir a una casa en Barrio Norte supuestamente para cuidar a unos chicos, pero allí fue abusada y luego llevada a otros departamentos donde debió trabajar como prostituta. Recién cuando se atrevió a contarlo, a un profesor de su escuela, fue separada de su familia y pasó a vivir en un hogar para adolescentes. Un año atrás, el caso de Paula fue noticia cuando, pese a ser menor de edad, la Justicia la admitió como querellante en la causa que involucra a sus propios padres y a los dueños de los departamentos. Ahora, en un fallo que detalla los abusos que sufrió con conocimiento de sus padres, ellos fueron procesados, se dictó su prisión preventiva –aunque no se hará efectiva– y se ordenó el embargo de sus bienes.

Paula (el nombre ha sido modificado para proteger su identidad) hoy tiene 18 años. Está terminando quinto año, trabaja y también empezó el CBC a través de UBA XXI. Cuando se enteró sobre el procesamiento en primera instancia de sus padres, la enojaron dos cosas: que no se hiciera efectiva la prisión preventiva y la calificación que aplicó el juez: abandono de persona. "No lo entendemos –dice su abogado, Martiniano Terragni–, porque el juez comprendió y describió detalladamente lo sucedido, pero luego lo consideró abandono de persona en lugar de facilitación de la prostitución. Por eso ya hemos apelado."

Las iniciales de su padre son D.D.S. y de su madre M.R. de S. Los nombres completos se mantienen por ahora en reserva, para no perjudicar el curso de la investigación. Según pudo saber este diario, el padre fue objeto de un sumario interno en la Policía Federal y está sin funciones aunque sigue cobrando su salario, ya que no se definirá su permanencia en la fuerza hasta que el fallo no esté firme.

Un año de horror

El fallo del juez de instrucción Eduardo Moumdjian es minucioso –y escalofriante– en su descripción de lo que soportó Paula. Allí dice que "el 15 de marzo de 2001 –teniendo entonces 13 años– y con el conocimiento de sus progenitores, habría comenzado a trabajar en el domicilio de la calle Sánchez de Bustamante (...), donde un sujeto de sexo masculino, de nombre Antonio u Horacio, de 58 años aproximadamente, a partir del mes de agosto de 2001 y hasta el mes de noviembre de ese mismo año –cuando la menor tenía 14 años–, mediante golpes y amenazas, la habría obligado a mantener relaciones sexuales –sexo vaginal, anal y oral– y también a consumir drogas. Por otra parte, por aquella época, entre mediados del mes de junio del año 2001 aproximadamente y las vacaciones de invierno de ese mismo año, el nombrado Antonio u Horacio también la habría obligado a concurrir, bajo la amenaza de golpearla en caso contrario, a los departamentos ubicados en (...), principalmente los fines de semana, destacándose que la menor identificó a Hugo –quien sería el imputado Hugo César Peña– y a Osvaldo –se trataría de Osvaldo Aníbal Valdez– como los dueños del primer local de mención. Que en ambos inmuebles, junto con otras chicas mayores de edad, habría sido facilitada su prostitución, en tanto habría sido obligada a mantener relaciones sexuales con hombres a cambio de dinero, tal cual habría sido el caso de un hombre llamado Eduardo, que en pago le habría entregado dos cheques.

El juez sostiene que "los progenitores habrían tenido pleno conocimiento de ello, puesto que respecto del primero de los inmuebles mencionado fue (D.D.S.) quien le dio los datos del mismo y al serle manifestado por la menor los terribles abusos que estaba sufriendo en dicho sitio, su padre le contestó que ‘si no le gustaba podía trabajar de prostituta en otro lado’. Que como consecuencia del cuadro de sometimiento gravemente ultrajante para la menor, producto del abandono de los padres de la misma a esas condiciones de vida, la misma habría sufrido un grave daño en su salud, tal como concluyen los informes psicológicos practicados".

Esos informes explican que "el análisis de los contenidos de sus manifestaciones a lo largo del proceso penal revela un conocimiento sexual inapropiado para la edad –sexo oral, sexo anal, uso de complementos–, descripción apropiada de efectos exotóxicos y concordancia a través del tiempo en los puntos nodales del relato, orientando todo ello a una alta probabilidad de que se haya visto expuesta a situaciones de riesgo para su integridad psico-física y sexual".

En la causa declararon tanto el profesor con quien Paula se franqueó como la vicerrectora de su escuela. También figuran los resultados de su declaración en la Cámara Gesell y la evaluación de una perito del Cuerpo Médico Forense, según la cual su relato "presentó las características de verosimilitud, manteniendo el mismo a través del tiempo".

El juez sostiene que "el daño que le fue provocado a (Paula) puede decirse que fue el resultado o consecuencia natural de la concreción efectiva del peligro que creó la conducta de los imputados, sus progenitores". Sin embargo, califica el hecho como abandono de persona, para sorpresa de la propia Paula y sus abogados, quienes ya iniciaron el proceso de apelación.
Aunque en la resolución el magistrado dictó la prisión preventiva, no la hizo efectiva porque tomó el antecedente de la exención de prisión ya decidida por la Cámara respecto de otros imputados. Les fijó, sí, un embargo de 15.000 pesos a cada uno de los padres.

La vida después

Después de que a fines de 2001 Paula pudo contar en la escuela el abuso al que era sometida, sus autoridades se comunicaron con la Defensoría de Niños y Adolescentes de Flores, que la trasladaron a un hogar, desvinculándola de su familia. Luego también se les quitó a los padres la tenencia de la hija menor, que hoy tiene cinco años. Las dos hermanas viven ahora juntas en un hogar y no volvieron a ver a sus padres.

El avance de la causa penal, donde fueron imputados tanto los padres de Paula como dos propietarios de los departamentos donde fue prostituida y un cliente, fue en un principio extremadamente lento. El año pasado, Martiniano Terragni y Gabriela Founcuberta, abogados de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño, decidieron presentar a Paula, pese a ser menor, como parte querellante, basándose en el artículo12 de la Convención de los Derechos del Niño, es decir el derecho a ser oído en todo proceso judicial y administrativo. "Solicito patrocinio letrado para poder defenderme de violaciones constantes y sistemáticas a mis derechos personalísimos, llevados a cabo, entre otros por mis padres", sostuvo en la presentación. La respuesta fue negativa en primera instancia, pero la Cámara de Apelaciones entendió que sus argumentos eran lógicos y, en una resolución que sentó precedente, Paula se convirtió en querellante.

Desde entonces, la causa tuvo algunos avances: los dos hombres acusados de prostituirla en dos departamentos, Osvaldo Valdez y Hugo Peña, fueron procesados y sus procesamientos confirmados por la Cámara, al igual que un cliente, de apellido Pampín, quien le dio dos cheques en pago de sus servicios.

Ahora fue el turno de los padres. Para Paula, los larguísimos tiempos procesales son difíciles de entender. "A ella le hubiera venido muy bien una respuesta en otro momento –cuenta Marisa Villarruel, psicóloga y coordinadora de la Defensoría de Niños de Flores–. Esto sucedió cuando tenía 14 años y ahora tiene 18. Cuando le llevamos la cédula con la notificación, dijo que estaba bien que los procesaran, pero ¿después de cuatro años y por abandono? Eso no fue abandono, dijo."

Aun así, Paula está bien, cuenta Villarruel. Es empleada administrativa en un estudio, está cursando el último año del secundario y ya empezó el CBC, porque quería recuperar un año perdido cuando estuvo mal y debió dejar la escuela. "Siempre le preocupó mucho el estudio. Ella se siente responsable por su hermana, entonces poder trabajar y tener la posibilidad de acceder a un título es muy importante. La vimos bien, haciéndose cargo de su futuro."